3 ago. 2013

DE COPAS




El pasado 31 de julio, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, un proyecto de ley que pretende regular tanto el consumo como  la distribución, comercialización, patrocinio y publicidad de las bebidas alcohólicas.

Este proyecto esta precedido por una exposición de motivos que presenta varios datos estadísticos sobre el consumo, entre ellos menciona que el 4% de las muertes a nivel mundial, son atribuibles al consumo problemático de alcohol; que en nuestro país existen 260.000 personas afectadas por el uso problemático y que tiene un promedio de consumo anual de 6,38 litros de alcohol puro al año por habitante mayor de quince años, mientras que el promedio mundial es de 6,13. 

En el texto también se hace referencia al problema del consumo en los jóvenes, ya que cada vez se inicia a consumir a una edad más temprana y esto implicaría mayor probabilidad de uso problemático en el futuro: “uno de cada tres jóvenes vive episodios de intoxicación los fines de semana”, “la edad promedio de inicio al consumo es de 16.6, con más frecuencia a los 15 años”.

La iniciativa propone la creación de la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas (URBA), quien sería la encargada del control, fiscalización de quienes distribuyan, expendan, ofrezcan, consuman, promoción y publiciten bebidas alcohólicas. Será encargado además de otorgar una variedad de licencias, que se crean en esta propuesta, así como administrar un registro. Los costos de las licencias irán desde 10 a 50 Unidades Reajustables (UR) anuales.

Por otra parte, se plantean una serie de prohibiciones, entre ellas la de venta, expendio u ofrecimiento de bebidas alcohólicas en el horario de 22 a 8 horas; en los locales o lugares donde se desarrollen eventos deportivos, espectáculos culturales, en la vía pública o en espacios públicos. Además se prohíbe la publicidad de estas bebidas en el horario de protección al menor, las que estén dirigidas a menores de 18 años o que utilicen a estos en sus anuncios. Las multas por el incumplimiento de estas prohibiciones serán de 200 UR, incluyendo la posibilidad de suspensión de la licencia o la clausura del establecimiento.


Escribe: Graciela Muniz

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