1 feb. 2017

Defensores y defensoras en peligro



En estos últimos años América Latina experimentó un aumento sistemático y alarmante en el número de casos de violencia y criminalización en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. 

Según un informe de Global Witness, organización que trabaja en torno a los conflictos sociales relacionados con el acceso y control de los recursos naturales y con la vulneración de derechos ambientales y humanos, 185 activistas fueron asesinados a nivel mundial en el 2015, de los cuales dos tercios fueron de América Latina.

Amnistía Internacional afirma que ha documentado ataques y tácticas represivas para silenciar al colectivo por parte de gobiernos de distintas tendencias políticas. Estos ataques son llevados a cabo de distintas formas y en diversos grados: amenazas, encarcelamiento injusto, desacreditación de su trabajo, tortura, asesinato…, amenazas que también se extienden a sus familiares.

            La tarea de los defensores y defensoras es denunciar a quienes abusan de poder y autoridad, denuncian violaciones de derechos humanos. En los últimos tres años, nuestra región ha sido víctima de estos ataques en contra de organizaciones y comunidades que están defendiendo y promoviendo los derechos humanos frente a inversiones de gran escala. Envueltos en un contexto de cada vez mayor competencia por el control de la tierra y los recursos naturales.

“Con el incremento en la demanda de productos minerales, forestales y de aceite de palma; gobiernos, empresas y grupos criminales están acaparando tierras en conflicto con las personas que las habitan… Las comunidades que se defienden se encuentran, cada vez más, en la línea de fuego de empresas de seguridad, fuerzas estatales y un mercado creciente de asesinos a sueldo.”
Reporte de Global Witness, 2016.

            En lo que refiere al género la situación resulta más difícil para las defensoras que suman a la represión que sufren  la violencia de género en sociedades que aún no asumen el protagonismo de las mujeres en la lucha por los derechos humanos.

            Son muchos los casos, pero queremos nombrar algunos que se citan en el boletín del Business & Human Rights Resource Centre, en su informe de enero 2017 (https://business-humanrights.org/es/%C3%A9nfasis-sobre-defensores-y-defensoras-de-derechos-humanos-bajo-amenazas-y-ataques). En Brasil a principios de 2016 fue asesinada Nilce Souza Magalhães por realizar una campaña sobre los daños sociales y ambientales de las hidroeléctricas en el estado de Rondónia. Marina Manoet fue violada y asesinada en 2014 por realizar acciones para proteger las tierras de las comunidades guaraní de la ocupación ilegal para la caña de azúcar, la soya y la ganadería. También Branda Marleni Estrada Tambito, líder e integrante de la Unión de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), fue asesinada en 2016.

Por otra parte, Honduras es el país con la tasa más alta de asesinatos per cápita de defensores y defensoras que se oponen a la minería, hidroeléctricas y a la agroindustria según un informe de Global Witness del 2016, país donde se registraron 111 asesinatos desde el 2002. Berta Cáceres, coordinadora general de COPINH, organización defensora de los derechos del pueblo lenca, fue asesinada en el 2016.

Si bien la ONU estableció mecanismos de protección el número de agresiones sufridas sigue siendo muy grande. 

En Colombia, y a pesar de la firma de acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, a finales del 2016 fueron asesinados alrededor de 80 activistas, y a esto se suman otros tipos de actos violentos hacia civiles que defienden sus tierras y recursos naturales como son las agresiones, las amenazas y los atentados, entre otros. 

            La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expresó seriamente preocupada por esta grave situación de inseguridad y peligro; recuerda que cuando se ataca a un defensor o defensora quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes este trabaja. 

 La CIDH ha constatado formas indirectas de obstaculizar este trabajo, entre ellas la falta de acceso de la población a la información, por parte del Estado, así como restricciones a las posibilidades de recibir financiamiento desde el exterior.

“La CIDH destaca que los Estados deben otorgar especial atención a ciertos grupos de defensoras y defensores de derechos humanos están más expuestos al menoscabo de de sus derechos que otros. En este sentido, cabe señalar a los líderes sindicales, que se exponen especialmente durante los períodos que anteceden a los conflictos laborales, a los líderes sociales que realizan u organizan manifestaciones públicas, a los líderes indígenas que defienden sus derechos como pueblos indígenas, a los líderes afrodescendientes y a los operadores de justicia, especialmente en cuanto sustancian causas sobre violaciones a derechos humanos. Asimismo, cabe señalar que las defensoras de derechos humanos en razón de su género, están expuestas a amenazas o ataques específicos de carácter sexual, como amenazas de violación sexual o de ataques sexuales.”


El riesgo que enfrentan las comunidades que defienden los derechos sobre sus territorios y sus recursos naturales en la actualidad en América Latina es enorme; muchos pueblos se encuentran inmersos en conflictos desiguales: grandes corporaciones que se instalan en sus tierras, con, en muchos casos, el fomento por parte de los gobiernos, cuando no acompañadas de grandes campañas mediáticas a favor del desarrollo asociado a estas seductoras inversiones económicas. En otros casos los mismos pobladores de una región terminan enfrentados unos con otros, unos tras trabajo rápido y bajo promesas de progreso y otros sabiendo que los recursos deben protegerse porque son tan valiosos como la vida. La difusión sobre estos conflictos es aislada y escasa. Son muchos y de características tan diversas como la propia América Latina, sin embargo tienen puntos en común: son violentos e invisibles.

“Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la desarrollan. Ese compromiso se ha demostrado fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar los procesos democráticos en todo el mundo.”  

“En la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1998, las Naciones Unidas no solo reconocieron su legitimidad al considerar la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo, sino también el papel decisivo que desempeñan y la necesidad de garantizar su protección.”


Escriben: Graciela Muniz
                Nathalie Borba

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