2 nov. 2017

Hablemos de agua


El Poder Legislativo de nuestro país se encuentra analizando el proyecto de ley de riego con destino agrario, que le fue remitido por el Poder Ejecutivo.
Este proyecto fundamentalmente establece medidas para disponer de riego con el objetivo de incrementar la producción y la productividad agrícola. Establece para esto, la posibilidad de crear asociaciones agrarias de riego integradas por productores rurales o por personas jurídicas (en este último caso el capital accionario deberá estar representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas), sin embargo, se deja claro que el Poder Ejecutivo podrá establecer excepciones como la autorización de participación de entidades o fondos propiedad de extranjeros; “siempre y cuando esa participación sea minoritaria y no controlante y contribuya a la aplicación de tecnologías innovadoras para elevar la producción y la productividad del sector”. El proyecto prevé el requerimiento de la aprobación de un proyecto de obra hidráulica. Desde distintos sectores de la sociedad se considera que esta iniciativa no es tan necesaria como una que regule las cuencas, considerando que la acción individual sobre estas afectará de manera indefectible el recurso pensando en “las capacidades colectivas en el futuro”, como expresaron los diputados Darío Pérez y Macarena Gelman (FA), quienes manifestaron que no son los pequeños productores los que están en condiciones de asumir este tipo de inversiones.
El proyecto, además, incorpora la figura de las Asociaciones y Sociedades Agrarias de Riego como un nuevo instrumento asociativo, que a diferencia de la reglamentación vigente prohíbe el corte de agua como sanción y habilita a estas asociaciones a suspender el riego para la zafra siguiente en caso de incumplimiento por parte del productor.
Otras de las modificaciones que se establecen son, la generación de un gravamen sobre los padrones que contraten el servicio de riego, la obligación de estas asociaciones a pagar un canon una vez establecido y reglamentado por el Poder Ejecutivo, este canon, si bien existe en la reglamentación vigente, nunca se definió por lo que no se está pagando, la ampliación de aplicación a contratos de participación público privada a obras hidráulicas para riego, punto muy cuestionado por diferentes sectores, en defensa del recurso; la posibilidad de utilizar causes naturales para la conducción de aguas.

Escribe: Graciela Muniz

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